Es la memoria del terror la que nos cita y nos convoca; es la indignación por la negligencia política y la injusticia lo que nos moviliza y nos lleva a transformar un día que para muchos es de mera memoria, en un día de lucha popular, y así retomar la idea emancipadora de los que desaparecieron físicamente luchando aquí y en el conjunto de nuestro continente por la libertad y la refundación de una sociedad nueva. No son solo 30.000 detenidos desaparecidos con millones de voces que los hacen presentes, son también los exiliados, los empobrecidos, los excluidos, los hijos “apropiados”, los aterrorizados que reprodujo el “proceso de reorganización nacional” iniciado el 24 de marzo de 1976 por una vil y nefasta dictadura militar, los que también son motivo y acción en esta lucha. Hoy muchas de esas voces que guardaron silencio se levantan, con sus nietos, hijos, sus madres y abuelas.Asumimos la responsabilidad histórica de denunciar que no fueron solo Videla y Masera, Martínez de Hoz y Estados Unidos, sino que hubo un sector civil que avaló y financió la dictadura genocida (Unión Industrial Argentina, Sociedad Rural Argentina, Clarín, La Iglesia) con “las ayudas económicas” destinadas al proceso de exterminio y se benefició endeudando a la nación mientras era cómplice de las aberrantes practicas de violencia y terror de sus socios. Denunciar además que la práctica de la desaparición forzada no fue ni es exclusiva de la última dictadura Argentina y que en países como Colombia y Perú se ha cometido Terrorismo de Estado en un marco legal “democrático”, lo cual extiende el carácter de esta lucha a toda la América donde rechazamos la presencia de otro estado terrorista que procese y asesine nuestros luchadores populares, mientras atiende complaciente a su patota sindical y acolita el gatillo fácil como método de “limpieza social” (mediante el cual exterminan lideres comunales- barriales-populares así como a habitantes de zonas marginadas económicamente).
También reivindicamos aquello que transciende el recuerdo para materializar esa recuperación de dignidad, con los juicios diligenciados para juzgar además de los públicamente conocidos responsables civiles y políticos, a Isabel Martínez como gestora de la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista) que operó desde tiempo previo al golpe militar persiguiendo, encarcelando y desapareciendo compañeros, siendo funcional a los propósitos del Plan Cóndor, que fue la plataforma oficial diligenciada desde E.E.U.U. para ejecutar en Latinoamérica la eliminación física del oponente-opositor político bajo el pretexto cínico y altruista de la “seguridad nacional” (por supuesto exclusiva de E.E.U.U. no de los países intervenidos).Así queda consignado nuestro pedido de justicia donde faltan numerosos responsables y frente al cual debemos buscar unanimidad entre los movimientos sociales, culturales, políticos y combativos para que estos funcionarios de la muerte cumplan condenas correspondientes a sus crímenes y terminemos con los resquicios de la criminalización de la protesta social, tan justa y legitima que actualmente se conservan en menor medida.El torturador es un funcionario. El dictador es un funcionario. Burócratas armados que pierden su empleo si no cumplen con eficacia su tarea. Eso y nada más que eso. No son monstruos extraordinarios, no vamos a regalarles semejante grandeza.
El Sistema, Eduardo Galeano
